Bolivia vivía este lunes una nueva jornada de tensión a dos semanas de la reelección del presidente Evo Morales con más protestas y bloqueos, luego de que líderes opositores de comités cívicos de ocho departamentos dieran un ultimátum al mandatario para renunciar a su cargo y llamaran a los militares a unirse a sus reclamos que culmina esta noche.

En un mitin multitudinario el sábado pasado, Luis Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, la rica región oriental boliviana, lanzó un ultimátum a Morales dándole 48 horas de plazo para renunciar, y llamó a los militares a colocarse “al lado del pueblo”.

Morales “tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes a las siete de la noche (las 20 en la Argentina) aquí mismo vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya”, declaró Camacho ante una multitud en Santa Cruz, un bastión opositor.

Camacho es el primer político boliviano que llama a la intervención de los militares en esta crisis, pero sus declaraciones podrían considerarse como “sedición”, delito castigado en el Código Penal boliviano.

El llamado a la intervención de los militares es un tema altamente sensible en Bolivia, que antes de 1982 conoció frecuentes cuartelazos y dictaduras militares.

Hasta ahora, las fuerzas armadas se han mantenido al margen de la controversia poselectoral.

El mandatario respondió al ultimátum opositor con un llamado a evitar enfrentamientos entre bolivianos, mientras el gobierno denunciaba una supuesta conspiración para derrocarlo.

“Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición, no nos enfrentemos entre bolivianos”, exhortó Morales ayer.

Comunidad Ciudadana (CC), la coalición que postuló para la Presidencia al ex mandatario Carlos Mesa, que resultó segundo en las elecciones del mes pasado, aclaró que no fue consultada por quienes dieron el ultimátum a Morales y no comparte esa medida.

El jefe del Estado anunció también que había convocado a dirigentes de organizaciones sociales aliadas para analizar junto a ellos la respuesta al ultimátum opositor.

Paralelamente, la agencia noticiosa estatal ABI denunció que “cívicos, políticos, ex militares y Estados Unidos se encuentran vinculados con planes golpistas en Bolivia, según 16 audios que salieron a la luz”.

ABI afirmó que en esos audios “se menciona a un ex presidente de la república”, al que no identificó, así como al “ex prefecto (gobernador) de Cochabamba Manfred Reyes Villa y al ex diputado cochabambino de NFR (Nueva Fuerza Republicana) Mauricio Muñoz”.

Las sospechas de fraude surgieron cuando al día siguiente de las elecciones el recuento provisional pasó de augurar una segunda vuelta entre Morales y Mesa, por ser los dos más votados pero sin mayoría suficiente, a prever un triunfo en primera ronda del jefe de Estado para su cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

Las protestas se desataron desde entonces pese a los llamados a la calma desde gobierno, oposición y movimientos cívicos.

Los detractores de Morales no aceptan la auditoría del proceso electoral que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA), para determinar si hubo o no fraude, al denunciar que está pactada solo con el gobierno sin haber contado con ellos.

El Ejecutivo de Morales acusa a quienes denuncian el fraude de no haber aportado aún prueba alguna e intentar desconocer su victoria con un intento de “golpe de estado”.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201911/405792-la-tension-en-bolivia-no-para-y-se-preveian-nuevos-disturbios-para-esta-noche.html

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