Esta semana tratamos en la Cámara de Diputados el Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas, el Presupuesto 2021, la Ley Yolanda y la Ley de Fuego. En esa misma jornada, el Ejecutivo envió dos proyectos muy esperados: el de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Programa de los Mil Días.

Somos un gobierno que, mientras gestiona una pandemia de dimensiones impensadas y busca lograr un desarrollo sustentable, escucha las demandas de su momento histórico. Queremos construir un modelo con igualdad de género y justicia ambiental. Tenemos una agenda coherente que empieza por los últimos para llegar a todos, todas y todes.

El gobierno que terminó en diciembre se cansó de prometer cosas que no cumplió. Lo hicieron al decir “pobreza cero” y dejar un país con 35 por ciento de la población y más de la mitad de los niños y niñas en la pobreza. Lo hicieron, también, en aquella conferencia que todavía tenemos en la retina en la que prometieron un diez por ciento de inflación “más, menos 2”. Para cuando asumió Alberto Fernández, la inflación era la más alta de los últimos 28 años. También lo hicieron con lo previsional: con su fórmula los jubilados y jubiladas perdieron un 19 por ciento de poder adquisitivo.

Podría seguir enumerando decisiones irresponsables que nos llevaron a tener un país hiper endeudado, en donde primaba la especulación frente a la producción y en donde quienes más perdieron fueron quienes menos tenían. Los que gobernaban son los mismos que ahora se sientan en las bancas de Diputados y en los canales de televisión a difundir información falsa con el solo objetivo de oponerse a la reconstrucción de Argentina. Mientras gobernamos para las mayorías, se jactan de defender a una minoría.

El Frente de Todos vino a modificar las prioridades, empezando por armar una red de cuidados para los olvidados y las olvidadas. A la tremenda crisis económica del macrismo se sumó una pandemia y hubo que diseñar una batería de medidas excepcionales para que no se profundizaran las desigualdades económicas, sociales y de género preexistentes. El esfuerzo del Estado, en nombre de todos y todas, ha sido enorme. Un ejemplo: se invirtieron 213 mil millones de pesos en ATP para sostener el empleo y la capacidad productiva.

Con el Aporte las personas más ricas ayudarán mucho con un porcentaje pequeño de sus fortunas. Los aproximadamente 300 mil millones de pesos que se obtendrán, se usarán para urbanizar barrios populares, comprar equipamiento médico, Progresar y lograr que llegue el gas a todos los rincones del país. Cambiará la vida de millones y, quienes aporten, no dejarán de ser millonarios.

Dimos media sanción a la Ley Yolanda, que dispone la capacitación obligatoria en la temática ambiental para los tres poderes del Estado. Lleva el nombre de una mujer militante, la primera en liderar la Secretaría que creó Juan Domingo Perón. Ya entonces, ambos vinculaban el derecho a vivir en un entorno sano con la justicia social. Además, ya tiene dictamen de comisión la Ley Pino Solanas, para asegurar el derecho a la educación ambiental, tal como indica el Acuerdo de Escazú que nuestro país ratificó este año. Por último, modificamos la Ley del Fuego para prohibir durante 30 años la venta o modificación de uso de tierras incendiadas. Vamos a terminar con la especulación.

Gobernar se trata de entender la realidad de cada momento histórico. Las soluciones son dinámicas: no se trata de usar siempre las mismas fórmulas porque, dependiendo del contexto, conducen a diferentes resultados. El Presupuesto 2021 es nuestra hoja de ruta para la reconstrucción. Está pensado para la mayoría, al reforzar el papel de un Estado presente. Gracias a la renegociación de la deuda, convertimos todo aquello que no tenemos que pagar ahora de intereses en políticas públicas: salud, infraestructura, educación y conectividad e innovación.

Estamos construyendo una economía sustentable que cierre los números con la gente adentro. Que genere trabajo y valor agregado. Que permita exportar sin por eso postergar al mercado interno. Que cuide los ahorros de los argentinos y argentinas, como hicimos con la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que permita a las familias desendeudarse y planear un futuro. Que comparta el crecimiento del país con los jubilados y jubiladas. Como decía la bandera que nos recibió en el Congreso en la última sesión: “Si la riqueza es la excepción, que la solidaridad sea la regla”.

Por Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por el Frente de Todos.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202011/535879-por-una-argentina-sustentable-con-justicia-social-igualdad-de-generos-y-cuidado-ambiental.html