Por Daniel Lazare (*)

La facha del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La facha del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Periódicamente, Washington es sede del mismo ritual. Se produce una vacante en la Corte Suprema, por la renuncia o el fallecimiento de uno de sus nueve miembros vitalicios. El Presidente de Estados Unidos propone a su candidato. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, cuya función es evaluar la idoneidad de los postulantes, organiza las audiencias públicas durante las cuales los senadores, una vez que los enfocan las cámaras, lanzan discursos rimbombantes antes de formular una o dos preguntas al candidato (1). Por lo general, éste se niega a responder las preguntas controvertidas, arguyendo que cualquier precisión de su parte podría comprometer su independencia judicial en los posteriores fallos. Los miembros de la Comisión votan sin embargo en su favor. El Senado hace lo mismo. Estados Unidos cuenta entonces con un nuevo juez, que durante décadas dictará sentencias decisivas para la sociedad estadounidense (2).

Salvo una o dos excepciones, es así como han sucedido las cosas desde 1986 (3), año en que Antonin Scalia se mostró tan evasivo durante su audiencia que incluso se negó a responder a los senadores si apoyaba o no el famoso fallo de la Corte, denominado Marbury vs. Marbury, que estableció, en 1803, su facultad de declarar inconstitucional una ley del Congreso. En 2005, el ritual no ha cambiado, pero los desafíos son aun más grandes que de costumbre. Dos puestos -y no uno- tendrán nuevos titulares. El de William H. Rehnquist, el ex presidente de extrema derecha que falleció recientemente tras haber permanecido treinta y tres años en la Corte Suprema. También el de Sandra Day O’Connor, designada por Ronald Reagan en 1981, más de centro y primera mujer que integró dicho tribunal. Si llegara a ser reemplazada por alguien más conservador que ella, el equilibrio de la Corte -y el del país- se vería afectado durante mucho tiempo. En cuanto al sucesor de William Rehnquist, ya se lo conoce, dado que John J. Roberts Jr., quien no corre el riesgo de ser más conservador que el hombre al que reemplaza, fue confirmado a fines de septiembre en el Senado por una amplia mayoría (78 votos contra 22). Todos los republicanos votaron a su favor, junto con la mitad de los demócratas.

La actitud complaciente de los presuntos adversarios de George W. Bush responde a diversos motivos. El más evidente es que los demócratas siguen afectados por la derrota de 2004, que socavó su confianza en sí mismos. Pero la principal razón de su desconcierto se debe a la profundización de la fractura ideológica en Estados Unidos. Suele decirse que la posición del presidente Bush se debilitó a raíz del giro de las operaciones militares en Irak y la incuria de la Casa Blanca en el momento del huracán Katrina (4). Pero esto no es del todo exacto. El Presidente continúa aprovechando la dinámica subyacente que redefine la sociedad, cada vez más conservadora y xenófoba. Desde hace veinte años, los demócratas no dejan de anunciar el ocaso de la derecha. Pero son ellos quienes siguen debilitándose.

La Corte liberal de Roosevelt

 
La Corte Suprema no es ajena a esta evolución. Aunque los progresistas parezcan haberlo olvidado, fue una institución que ellos aborrecieron. Reunía, según las palabras de Franklin D. Roosevelt, a «nueve ancianos» cuyo objetivo era restringir la democracia, frenar las reformas sociales y procurar que el país permaneciera bajo la tutela de los ricos.

En 1859, la Corte abrió camino al enfrentamiento más sangriento de toda la historia de Estados Unidos, la Guerra Civil, al decidir que los Estados del Norte no podían prohibir la esclavitud en el conjunto del país. Combatió al sindicalismo en los años 1890, antes de eviscerar, cuatro décadas más tarde, las leyes progresistas del New Deal. En 1937, Franklin D. Roosevelt respondió a esta barrera conservadora proponiendo «abarrotar la Corte» con media docena de liberales. Si bien perdió esta batalla, ganó la guerra: los jueces renunciaron a su bloqueo y dejaron que se cumpliera la voluntad popular.

Una generación después, el resultado fue una serie de decisiones casi revolucionarias. Brown vs. Board of Education puso fin, en 1954, a la segregación racial en las escuelas públicas; Griswold vs. Connecticut posibilitó el control de la natalidad en 1965. Finalmente, Roe vs. Wade legalizó el aborto en 1973. De un bastión de la elite, la Corte Suprema se metamorfoseó en motor de la trasformación social.

La nueva Corte provocó una realimentación de las fuerzas políticas. Cada uno de los bandos se posicionó en función de su apreciación del accionar de la Corte: los liberales a favor, los conservadores en contra. Y éste será el problema de los liberales, dado que aun cuando favoreció sus luchas, la Corte continuó siendo no democrática. Sus miembros siguen siendo designados en vez de elegidos. Aunque la Constitución dice que conservan sus cargos según su desempeño (artículo 3, inciso 1º), de hecho son vitalicios. Aunque el Congreso podría sancionar a los jueces por discrepar con sus sentencias, los liberales serían los primeros en considerar esa reacción como una transgresión de la doctrina sagrada de la separación de los poderes, una doctrina tan central para la teoría constitucional estadounidense como el Credo de Nicea para el catolicismo. Así, la Corte continúa siendo la última instancia, sin apelación, la que ningún poder equilibra. Lo más cercano a una potencia con soberanía absoluta que puede ofrecer Washington.

Una situación de este tipo, en rigor concebible mientras la Corte se limitaba a ser la última instancia, se tornó más problemática desde que se transformó en la institución a la que acudieron prioritariamente todos los grupos que aspiraban a transformaciones sociales (mujeres, minorías, prisioneros, etc.). Porque las nuevas responsabilidades que asumió la Corte se las quitó a las autoridades electas, el Congreso en particular. Y lejos de confirmar así la soberanía popular, redujo a la población a no ser más que una mera espectadora obediente de las decisiones tomadas por magistrados no electos que hablan en su nombre.

Las consecuencias políticas de esta inflexión fueron las previsibles: cuanto más contaron los liberales con la Corte Suprema, menos se preocuparon por la opinión de los estadounidenses comunes, muy a menudo considerados una masa racista, sexista, conservadora. A cambio, los propagandistas de derecha no tuvieron más que vilipendiar a los progresistas snobs de las universidades de elite, que rivalizaban en arrogancia dentro de su caparazón de Harvard o Berkeley.

Los demócratas no se dieron por enterados, pero esa retórica era inquietante. Más brillantes para ganar pleitos que elecciones (aunque ulteriormente, con el deslizamiento judicial hacia la derecha, no se lucieron demasiado en unos ni otras), intentaron compensar tomando distancia de cuestiones como el aborto, la plegaria en la escuela pública, etc. Como le correspondía a la Corte ocuparse de temas tan controvertidos, imaginaron que eran libres de hacer concesiones. En lugar de oponerse a los republicanos, se convirtieron en sus pálidas imitaciones.

Pero desde hace unos veinte años, teniendo en cuenta el viraje hacia la derecha de los tribunales, ya casi tampoco triunfan en ese terreno, muchos de cuyos jueces -y no sólo de la Corte Suprema- fueron elegidos por los presidentes republicanos que dentro de tres años, en 2008, habrán ocupado la Casa Blanca veintiocho de los últimos cuarenta años. En suma, los demócratas perdieron en ambos terrenos.

Los jueces de Bush

La llegada de John Roberts a la Corte Suprema y la -aún no confirmada- de Harriet Miers (conocida sobre todo por su origen tejano y su cercanía al Presidente) representan los últimos capítulos judiciales de esta historia. Roberts, de 50 años, estudió en un internado católico y se diplomó en Harvard. Casi todas sus posiciones asumidas desde hace veinticinco años lo definen como un hombre de derechas.

Se opuso a reforzar las garantías electorales de las minorías; apoyó los esfuerzos republicanos para reducir el poder de la Corte para imponer la integración racial; socavó los esfuerzos por imponer la equidad de género en los lugares de trabajo; invocó un «supuesto» derecho a la protección de la intimidad (privacy); discutió la pertinencia de la decisión que legalizó el aborto en 1973; finalmente, escribió en favor de un momento de silencio -es decir, de rezo voluntario- en las escuelas públicas (5). Por otra parte, su filosofía jurídica es rigurosamente conservadora: para él, hay que remitirse al texto de la Constitución (redactado hace más de dos siglos) en vez de tratar de hacer una excesiva interpretación de lo que ésta diría actualmente.

Nada de todo esto despertó las pasiones demócratas. Durante la audiencias de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el senador Joseph Biden, candidato putativo a la Casa Blanca en 2008, parecía sobre todo ofendido porque Roberts hubiese desdeñado un día la ley contra la violencia a las mujeres, aprobada en 2000, uno de cuyos padrinos parlamentarios fue Biden: «Fui yo quien la redactó junto con mi equipo», protestó. En un registro aun más lacrimoso y probablemente destinado a un público mucho más amplio, la senadora demócrata Dianne Feinstein señaló a todos que su padre y su marido habían padecido cáncer, antes de preguntarle a Roberts: «Si estuviera en el lugar de alguien que ama profundamente a una persona que sufre, ¿qué opinión escucharía con mayor interés, la de su médico o la de las autoridades?»(6). Algo desconcertado, Roberts no supo muy bien qué contestar…

Durante sus tres días de audiencia, se negó a responder a cientos de preguntas (7), escudándose en generalidades, considerando modestamente que «los jueces son como los árbitros. No establecen las reglas, las aplican». Como si las «reglas» enunciadas en la Constitución estadounidense fueran tan fáciles de interpretar y fijadas para siempre como las del básquet. Finalmente, interrogado sobre algunos de sus escritos más conservadores (de la época en que ocupaba un cargo relativamente menor en la administración Reagan), explicó que había actuado entonces como cualquier abogado que sostiene lo que piensa que su cliente desea escuchar. Particularmente sensible a la cuestión de las libertades públicas, ya que fue el único senador que se opuso a la Patriot Act en octubre de 2001, Russell Feingold se mostró preocupado por el apoyo de Roberts a la posición de la Casa Blanca en la cuestión de los detenidos de Guantánamo. Pero él también votó en favor de quien es actualmente el presidente de la Corte Suprema.

Como Feingold, lo votaron veintiún demócratas y cincuenta y cinco republicanos, permitiendo que Roberts fuera confirmado por una mayoría que superó las tres cuartas partes necesarias. Biden y Clinton estuvieron entre los veintitrés demócratas que votaron en contra.

¿Por qué este comportamiento de los demócratas? La timidez y la incompetencia hicieron lo suyo. Pero lo que pesó indiscutiblemente es su mística de una Corte Suprema todopoderosa. Habiendo invertido tanto en la idea de una magistratura suprema que encarnaría los principios eternos de la Constitución, dudan en cuestionar sus prerrogativas. Dado que la Corte se considera por encima de las peleas, se resisten a someterla a un juicio político; como es supuestamente independiente, no quisieron conminar a Roberts a que dijera exactamente qué iba a hacer.

Sin embargo, nada impidió nunca a un juez contradecir en un fallo sus declaraciones anteriores arguyendo que las circunstancias habían cambiado en el ínterin; una vez confirmado, un magistrado supremo sólo responde a su conciencia (8). Adeptos a una suerte de religiosidad constitucional, los demócratas eran poco proclives a dilucidar las intenciones de Roberts, aun cuando este último esté ahora en posición de dictar durante décadas fallos de una importancia decisiva para el país.

La misma jugarreta parece perfilarse en el caso de Harriet Miers. Su experiencia de jueza es aun menor que la de Roberts. Ex abogada comercial en Dallas (Texas), nunca recurrió a ninguna de las plataformas de lanzamiento habituales para los miembros de la Corte Suprema (magistratura, docencia): hasta su designación, era asesora personal del Presidente de Estados Unidos. Miembro de una iglesia evangélica muy hostil al aborto, su único compromiso político la condujo al lado de un candidato republicano de Nebraska que encabezó una campaña contra la interrupción del embarazo. Bush quiso anticiparse a algunas de las inquietudes relacionadas con ella: «La conozco. Sé lo que hay en su corazón. Sé en lo que cree». No satisfechos con tener que reverenciar la Constitución y la más alta institución judicial, los estadounidenses ahora también tienen que tener fe en su Presidente…

Se revelen Roberts y Miers moderados o extremistas, la designación en la Corte Suprema de dos abogados empresariales no anuncia nada bueno para los trabajadores y para quienes se oponen al poder empresarial sin límites. El estudio de Dallas antes dirigido por Miers ¿no tenía acaso un servicio especializado en «evitar el sindicalismo»? Es decir, encargado de impedir la organización de los trabajadores en las empresas. Defensor del achicamiento del gobierno, es de esperar que Roberts se oponga a implementar leyes federales en áreas como la seguridad laboral y la protección del medio ambiente. Lo mismo sucede con los derechos civiles. No se sabe si revertirá el fallo Roe vs. Wade, pero parece probable que reduzca su alcance.

1. Al producirse una vacante, el Presidente de Estados Unidos propone su candidato, que sólo se convierte en juez de la Corte Suprema después de haber obtenido el aval de una mayoría entre 100 senadores.

2. En 2004, la Corte decidió incluso, por 5 votos contra 4, la elección de G. W. Bush a la presidencia de EE.UU. cuando determinó el método de recuento de boletas en Florida.

3. En 1987, la propuesta por parte del presidente Ronald Reagan del juez ultra conservador Robert Bork para la Corte Suprema fue rechazada por 58 votos contra 42 (por entonces los demócratas eran mayoría en el Senado). La confirmación de Clarence Thomas, en 1991, tuvo lugar luego de una batalla encarnizada y sólo se aprobó por 52 votos contra 48.

4. Mike Davis, «Capitalismo de catástrofe», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2005.

5. Ronald Dworkin, «Judge Roberts on Trial», The New York Review of Books, Nueva York, 25-10-05.

6. The New York Times, 15-9-05.

7. Alliance for Justice, «Post-Hearing Report on the Nomination of John G. Roberts to be Chief Justice of the UnitedStates». http://www.supremecourtwatch.org/Post%20Hearing%20Report.pdf.

8. D. Lazare, «Dictadura constitucional en Estados Unidos», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2000.

(*) Periodista, autor de The Velvet Coup: The Constitution, the Supreme Court, and the Decline of American Democracy, Verso, Londres, 2001.

Traducción: Gustavo Recalde

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202009/517878-una-corte-demasiado-suprema.html

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